Este viernes, 30 de octubre, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla ha celebrado su Cena Anual de Colegiados 2015, a la que han acudido numerosos colegiados, autoridades y representantes de la política, la Justicia y las universidades sevillanas, así como de la Administración Provincial, Autonómica y Estatal. Igualmente, se ha contado con la presencia del Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, D. José Esteban Sánchez, y presidentes de otros colegios de Graduados Sociales así como corporaciones profesionales de otros colectivos.
Así, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla el Presidente de nuestra Corporación, D. Rafael Hidalgo, ha recibido, entre otros invitados, a la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Dña. Pilar Sepúlveda, al Presidente de la Audiencia provincial, D. Manuel Damián Álvarez, a la Fiscal Jefe de la Audiencia, Dña. Mª José Segarra, al representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental y Ceuta y Presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla, D. Antonio Reinoso, al Decano de los jueces de Sevilla, D. Francisco Guerrero, la Secretaria General para la Justicia, Dña. Mercedes Fernández, la Directora General de Justicia Juvenil y de Cooperación de la Junta de Andalucía, Dña. Carmen Belinchón, el Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta, D. Demetrio Pérez, el Director General de la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta, D. Juan Rueda, los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, D. José Joaquín Gallardo y Dña. Isabel Escartín, respectivamente, que han presidido la cena anual.
Nuestro Presidente, ha agradecido la asistencia a esta Cena de autoridades y compañeros colegiados y ha resaltado que a nivel institucional se están alcanzando “las mayores cotas de reconocimiento de la profesión en todo el Estado con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio por la se modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial así como la Ley 42/2015 de Reforma de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en su disposición final undécima, que vienen a poner justicia en las reivindicaciones históricas que viene realizando la profesión”.
