El pasado martes 25 de junio fuimos convocados, junto al resto de representantes de la Administración de Justicia, por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas a la reunión celebrada en la Audiencia Provincial de Sevilla con motivo del proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla.
En la reunión estuvimos presentes, entre otros, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez; representantes de la Fiscalía de Sevilla; el juez decano, Francisco Guerrero; la secretaria coordinadora provincial, Felisa Panadero; los representantes sindicales en la Junta de Personal; los representantes de las asociaciones de magistrados; y los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y este Colegio Oficial.
Los convocantes aseguraron que no hay ninguna decisión adoptada en firme, pero descartada la ubicación en Los Gordales y del entorno del Prado de San Sebastián, las únicas opciones existentes en la actualidad son una parcela cercana a Torre Sevilla y la parcela de Palmas Altas.
Por ello, se expuso un planteamiento inicial de traslado de parte de los órganos judiciales a Palmas Altas en un plazo previsto de 3-4 años, junto a unas previsiones de posibles comunicaciones.
Tanto ambas administraciones como el sector judicial coincidieron en la viabilidad de dicho proyecto, tras lo que trazaron una hoja de ruta para el desarrollo del mismo.
La Administración es consciente del extraordinario problema que puede suponer la accesibilidad a las parcelas y promete realizar los esfuerzos políticos y presupuestarios que procedan, tanto para garantizar la facilidad de accesos y aparcamientos como mejorar las conexiones con el transporte público (TUSSAM), ferrocarril de cercanías e incluso metro.
En la reunión se comunicó que se mantendrían los actuales edificios del Prado y Audiencia, para completar el espacio destinado en Palmas Altas. En este sentido, se recordó que la intervención tendría dos fases, por un lado la adquisición de los siete edificios que conforman el complejo, que supondría 60 millones de euros, a los que habría que sumar otros 33 millones para adaptación, más otros 30 millones de obras de reforma de los edificios del Prado. Además, se destacó la posible ampliación futura del proyecto con un solar colindante, que también es propiedad de Abengoa. No obstante, la inversión completa dependerá de la distribución final que se realice de la planta judicial, que se decidirá en este grupo de trabajo.
Durante su intervención, José Ramón Barrera, nuestro nuevo presidente que tomará posesión de su cargo el próximo 3 de julio, tras agradecer la invitación a este Colegio, manifestó que ”Una vez que tenemos un proyecto serio con una ubicación, unos costes y un calendario de ejecución, había que apoyarlo. Sevilla no puede volver a quedarse parada en relación a este asunto que podría materializarse en 3 o 4 años y aunque se pudieran plantear las matizaciones que fueran necesarias, debemos quedarnos en que ya tenemos un proyecto en el que trabajar para poder tener la Ciudad de la Justicia que se merecen los profesionales y la ciudadanía”.
