La consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local convocó el pasado lunes, 22 de julio, una reunión para constituir el grupo de trabajo que tiene como objetivo estudiar e impulsar el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas.
La reunión estuvo presidida por el director general de Infraestructuras y Sistemas, Miguel Ángel Reyes y el grupo de trabajo quedó conformado por el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez; el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; el juez decano, Francisco Guerrero, que estuvo representado por el magistrado Álvaro Martín; la secretaria coordinadora provincial, Felisa Panadero; el decano del Colegio de Abogados, Óscar Cisneros; la decana del Colegio de Procuradores, Isabel Escartín; el presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Ramón Barrera; un representante de la Junta de Personal; el gerente de Urbanismo, Rafael Márquez; un representante de Abengoa; además de los técnicos de la Consejería y los directores generales de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra, y de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros.
De este modo, el grupo se origina para aportar ideas sobre el diseño de la futura Ciudad de la Justicia y resolver los problemas de movilidad, que el sector judicial trasladó como una las cuestiones que habría que solventar para llevar a cabo el traslado a esa zona de Sevilla, en la reunión del pasado 25 de junio.
En la reunión de este lunes se trataron dos temas fundamentales, uno de ellos, es el Plan de Movilidad que va unido a este proyecto y, el otro, cuáles son los juzgados y las jurisdicciones que finalmente van a acabar en Palmas Altas.
La postura de este Colegio Oficial en la citada reunión fue la de solicitar a los representantes de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, que presentaran un proyecto completo e integral de Ciudad de la Justicia y no la propuesta parcial que se planteó, que no resuelve de manera total el problema de dispersión que existe hoy en día. De este modo, se pidieron tres cosas: en primer lugar, la presentación de un proyecto completo y de manera conjunta, con el compromiso de adquisición de todos los terrenos que serían necesarios, aunque luego se desarrolle en dos fases, que asegure de manera real la construcción de la Ciudad de la Justicia en los términos que se nos han trasladado; en segundo lugar, un plan de movilidad viable para la zona y por último, el tiempo de ejecución de todo ello.
