La comisión permanente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ofreció ayer la colaboración de estos profesionales y operadores jurídicos a la consejera de consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco Eguren, “en todos aquellos ámbitos de actuación del orden social en los que somos expertos”, señaló su presidente, José Blas Fernández Sánchez.
Representantes de los 8 colegios de graduados sociales, entre los que se encontraban el presidente del Consejo Andaluz y del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández y el vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Eduardo Ruiz, mantuvieron en Sevilla un primer encuentro con la consejera, en el que le transmitieron las principales demandas de este consejo, que representa a más de 9.300 graduados sociales de Andalucía, más Ceuta y Melilla, referidos al ámbito de competencias de la Consejería.
Por parte del Colegio asistieron nuestro presidente, José Ramón Barrera, junto al vicepresidente, Juan Antonio Montes, que trasladaron a la consejera una serie de reivindicaciones de colectivo como el control de acceso de los profesionales colegiados a las dependencias del CMAC; pidiendo que se cree un acceso rápido, habilitando un nuevo escáner o cualquier otro medio que se considere oportuno y sin necesidad de tener que acreditarse en ventanilla, como existe en los Juzgados de Sevilla, pues es intolerable que haya un control más férreo en una Administración que en una Sede Judicial.
Por otro lado, los graduados sociales trasladaron a la responsable de Empleo la necesidad de reforzar las distintas sedes del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) con más profesionales expertos, para que las conciliaciones sean efectivas y se minimice el número de casos que llegan a los juzgados, con el consiguiente coste en tiempo y recursos.
Del mismo modo, expresaron su apoyo a la inclusión de representantes de estos colegios profesionales en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), según un reciente acuerdo adoptado por la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del Parlamento andaluz, “que supone un importante apoyo de nuestros representantes políticos a la integración de nuestros operadores jurídicos, como profesionales expertos en las relaciones laborales”, destacó el presidente del Consejo, José Blas Fernández.
A su vez, insistieron en la necesidad incluir el título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, como Letrados conciliadores, dentro del grupo 1 de dicha Consejería en materia de empleo. Hasta ahora solo están los titulados en Derecho.
Otra petición se refiere a la mejora de los sistemas y procedimientos de presentación de documentos en el CMAC y el SERCLA “equiparándonos a otras comunidades autónomas donde ya funcionan mecanismos telemáticos para gestiones como la presentación de las papeletas de conciliación, con la obtención de la citación en el momento de la solicitud”.
La delegación de los graduados sociales también solicitaron medidas de apoyo a los autónomos profesionales, “miles de abogados, procuradores, graduados sociales, arquitectos y un largo etcétera de profesionales que mantienen día a día sus despachos y que precisan de tantas ayudas como los emprendedores”, afirmó José Blas Fernández.
