LOS GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA VUELVEN A DENUNCIAR EL COLAPSO QUE SUFRE LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Justicia Social, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla ha vuelto a denunciar la situación de colapso que vive la Justicia en general y la Jurisdicción Social en particular en la provincia de Sevilla. Esta situación impide cumplir con los derechos de la ciudadanía a tener una tutela judicial efectiva y rápida, así como el cumplimiento real de la Justicia Social.

Desde esta Corporación venimos pidiendo a las distintas administraciones soluciones reales que resuelvan este colapso absoluto.

“Este colapso provoca que una persona cuando ejercita una acción solicitando un derecho, bien un despido, una prestación de Seguridad Social o de cualquier otra índole, se vea abocado a que ese derecho se trate en un tribunal pasado un tiempo muy considerable de años de espera. Y durante este tiempo la persona se encuentra en situación de limbo procesal”, ha declarado el presidente del Colegio Oficial, José Ramón Barrera Hurtado.

Todo esto vulnera el artículo 24 de nuestra Constitución, que establece como Derecho Fundamental que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” y “a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías”.

De este modo, desde esta Corporación reiteramos que se necesitan al menos tres juzgados de lo Social más en Sevilla, y que uno de ellos se dedique solo y exclusivamente a la ejecución de sentencias en el cumplimiento de lo ordenado en ella.

También destacamos otras medidas como modificar la ley para poder agrupar acciones: las de Seguridad Social caben perfectamente acumuladas en un solo procedimiento y las reclamaciones de cantidad deberían ir unidas al despido siempre.

“La Justicia Social es un bien y un derecho fundamental en el que se sustentan las relaciones entre las empresas y sus trabajadores, los sindicatos y las prestaciones de Seguridad Social, por lo que la dilación de estos procesos perjudica a las relaciones del tejido productivo y a sus derechos personales”, ha concluido Barrera.