COMUNICADO
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla se ha sumado un año más al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y condena enérgicamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres en cualquier esfera de la vida.
Desde el Colegio consideramos que es una obligación de todos luchar contra esta lacra que no tiene sentido en la sociedad en la que vivimos. Concretamente, en nuestro ámbito laboral, deben crearse soluciones que acaben con el abuso de las mujeres en el centro de trabajo; con las desigualdades laborales y de salario; con la discriminación que sufren las mujeres inmigrantes por el hecho de ser mujer y extranjera. A su vez, hay que erradicar de una vez por todas la trata de mujeres y la explotación sexual y laboral de mujeres y niñas.
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.
La ONU advierte que los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda las etapas de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hacer cumplir el derecho a la educación de las niñas, luego también le restringe el acceso a la educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo.
Por otro lado, la ONU también destaca que desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar.
Es la pandemia en la sombra que crece en medio de la crisis de la COVID-19 y necesitamos un esfuerzo colectivo general para detenerla. Dado que los casos de COVID-19 siguen sobrecargando los servicios de salud, los servicios esenciales –como los refugios y las líneas de atención en los que se atiende a quienes padecen violencia en el hogar– han alcanzado el límite de su capacidad. Es preciso redoblar los esfuerzos para que enfrentar la violencia contra las mujeres pase a ser una prioridad en las medidas de recuperación y respuesta a la COVID-19.
La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.
Para conseguir todo esto, nuestro colectivo, expertos en materia laboral y garantes de la Justicia Social, tiene un papel relevante asesorando para que se cumplan los derechos laborales de las mujeres.
