El Colegio Oficial de Graduados Sociales (COGS) de Sevilla denuncia el colapso por falta de medios del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de Sevilla – dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía – ante el que se celebran las conciliaciones previas a la interposición de la demanda en la Jurisdicción Social. La situación supone un claro perjuicio para los ciudadanos, especialmente en las circunstancias a la que hace frente el mercado laboral tras la pandemia y en un escenario de crisis, donde se hace necesaria una mediación rápida y efectiva en los procedimientos tales como los de despido y cantidad.
Dada la sobrecarga de trabajo y la falta de medios para hacerle frente, el CMAC de Sevilla no celebrará en estos primeros meses del nuevo curso los actos de conciliación de las papeletas interpuestas en los meses de junio y julio y parte de agosto por reclamación de cantidad, según ha indicado el propio organismo. Estas conciliaciones engloban, entre otras cuestiones, impagos de salarios y de horas extras.
Al no celebrarse las papeletas de conciliación en este organismo – que evita llegar a juicio para la resolución de los conflictos entre trabajador y empresa -, los trabajadores y empleados van a verse abocados a iniciar la vía judicial por la Jurisdicción Social, ya de por sí también colapsada en Sevilla ante la cantidad de procedimientos a abordar y la falta de medios, como viene señalando este Colegio, y que ya realiza señalamientos para el año 2025. Todo ello supone a efectos prácticos una merma de los derechos de los ciudadanos, que no encuentran un amparo judicial rápido y efectivo en los ámbitos social y laboral.
Según explican los graduados sociales sevillanos, se trata de asuntos “que podrían conciliarse y no tener que acabar ante el Juzgado de lo Social”, con el “gasto para la administración de Justicia, ya sobrecargada de asuntos, y para los trabajadores que acuden a un profesional, pues alargará el procedimiento”.
Del mismo modo, el retraso que acumulan el CMAC y la Jurisdicción Social puede suponer que “en muchos casos, cuando llegue el momento del juicio podría estar la empresa ya desaparecida o ser insolvente”, con lo que serían “los contribuyentes” los que tengan que asumir la deuda reclamada a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). El pago de la deuda salarial a través de este mecanismo “está legalmente limitado”, lo que concluiría causando “una pérdida económica para los trabajadores y trabajadoras que acuden ante la administración en la tutela de sus derechos”.
Esta situación no es nueva. Como ya expuso el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, el cierre y la paralización de este servicio a causa del estado de alarma supuso un desbordamiento de papeletas de conciliación a partir de su reapertura, en mayo de 2020. Con todo ello, y al igual que ya se hiciese con respecto a la Jurisdicción Social en la apertura del año judicial, el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, José Ramón Barrera, reclama medidas y medios para atender y dar salida a las papeletas de conciliación presentadas ante el CMAC y que la ciudadanía pueda tener una defensa de sus derechos rápida y efectiva.
(Foto: Imagen de archivo de un juicio en Sevilla – Eduardo Briones – Europa Press – Archivo)
Vocalía de Comunicación
