Alrededor de 80 Graduados Sociales se han concentrado en Sevilla para hacer públicas sus quejas por el funcionamiento y trato de las Administraciones Públicas al colectivo de los Graduados Sociales.
A esta convocatoria se ha sumado el Colegio de Abogados de Sevilla, que ha estado presente en la figura de su vocal Manuel Aguilar Romero.
Durante la misma, que ha tenido una gran acogida tanto por parte de los profesionales como de la ciudadanía, se ha hecho lectura de un manifiesto del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla con todas las reivindicaciones, que a continuación se transcribe:
El colectivo de graduados sociales que representa este Colegio profesional, quiere poner en conocimiento de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al Ministerio de Trabajo y Economía Social el descontento y la preocupación del colectivo ante el conjunto de medidas y actuaciones que se están llevando a cabo por parte de estos Ministerios y sus entidades gestoras y que afectan tanto al normal ejercicio de nuestra actividad profesional, como al buen desempeño de la misma, así como a la imposibilidad de la conciliación de nuestra vida profesional con la personal y/o familiar.
Empezaron declarándonos actividad esencial en la pandemia, lo que implicó un gran trabajo extra, que ni se facilitó, ni siquiera se nos reconoció, habiendo sufrido, además de una carga de estrés psicológico y físico como otros colectivos denominados esenciales, una adicional incertidumbre permanente por las novedades legislativas casi diarias con márgenes diversos de interpretación.
En lugar de valorar ese servicio y tener empatía con nosotros, dada nuestra puesta a disposición de la sociedad, ahora empiezan a hacer minuciosas revisiones de aquellas actuaciones, obviando los posibles errores que se pudieron cometer (recuerden que era un tiempo de dudas, de nulas aclaraciones oficiales y de enorme cantidad de normativa que, en muchos casos, se solapaba), con envío de comunicaciones escritas con párrafos amenazantes y sin ninguna consideración a la excepcionalidad del momento que se había pasado.
Entre las cuestiones que nos afectan directamente e imposibilitan no sólo nuestro ejercicio profesional sino, además, el derecho de los ciudadanos a un trato digno y adecuado, tras la pandemia de la COVID-19, no se ha normalizado el acceso a las dependencias de las oficinas de las entidades gestoras imposibilitándose con ello la atención a profesionales, llegando el agravio hasta el punto en que ni siquiera nos dejan asistir a nuestros clientes cuando los acompañamos a sus oficinas, denegándonos, expresamente, que podamos asistirles al tiempo que se nos impide el ejercicio de las funciones profesionales para las que estamos específicamente habilitados de acuerdo con nuestros Estatutos Profesionales y nuestra condición de profesionales colegiados.
No hay atención a profesionales habiéndose sustituido la atención por el uso obligado y exclusivo de las plataformas o aplicaciones de resolución de incidencias carentes de operatividad y de seguridad jurídica, que son un nido de problemas y un despropósito.
Por ejemplo, desde hace unos meses cuando intentamos contactar con el teléfono de información de la Tesorería General de la Seguridad Social detectamos que la persona que atiende al teléfono, a pesar de que es un teléfono de información de la Seguridad Social, no tiene los conocimientos que debiera para atender las consultas que se realiza sobre asuntos de esta. No sabemos si es porque se ha externalizado ese servicio a empresas ajenas que no son especialistas en la materia, y en cualquier caso, lo que se crea siempre es un desconcierto además de no resolver nada.
O el caso del INSS cuyo teléfono de atención de información nunca responden, da igual el horario y derivan solo al acceso a la sede electrónica, práctica habitual de las Administraciones Públicas con las que trabajamos.
También, sin fundamento legal y sin ningún tipo de coordinación ni consenso con nuestros órganos representativos, nos obligan a facilitar datos de nuestros clientes que ya obran en su poder porque se presentaron anteriormente, olvidando que, por una parte, nos llenan de trabajo que ya hicimos cuando aportamos la documentación requerida, y, por otra parte, incumplen la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado al recabar datos que ya obran en su poder.
Por último, el tsunami legislativo en materia laboral y de Seguridad Social que venimos sufriendo en los últimos años, no puede seguir viniendo acompañada de precipitación en la redacción de normas de tanto calado, con la habitual falta de concreción en las formas de proceder y cargando siempre las tareas de adecuación en las empresas y autónomos, porque realmente lo están haciendo sobre las espaldas de los profesionales que gestionan esas empresas que no tienen ya margen de repercutir el trabajo extraordinario en sus clientes.
Ante esta actitud de las Administraciones, este colectivo va a iniciar acciones de denuncia pública para dar a conocer a los ciudadanos y la opinión pública y las entidades españolas y europeas que correspondan todos los atropellos que estamos sufriendo cuyos destinatarios son ellos, sin que descartemos la formalización de reclamaciones directas de carácter administrativo y/o judicial por los incumplimientos y perjuicios ocasionados.
Así, desde este colectivo, queremos dejar claro que SOMOS PROFESIONALES, NO EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
