El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía han firmado hoy un acuerdo pionero en España para promover la mediación en conflictos laborales judicializados. Este convenio permitirá agilizar la resolución de casos, descongestionar los tribunales de lo Social y ofrecer soluciones más rápidas y efectivas a empresas y ciudadanos.
El presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández, destacó durante el acto que este proyecto piloto, primero de su tipo en España, reforzará los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. “La mediación no solo descongestiona los juzgados, sino que también aporta una herramienta eficaz y cercana a las necesidades reales de la ciudadanía, evitando largos y costosos litigios”, señaló Fernández.
El presidente del Consejo Andaluz ha estado acompañado por los presidentes de los ocho colegios de graduados sociales de la comunidad autónoma y los restantes miembros de su pleno: vicepresidenta: Mª del Mar Ayala Andújar; secretaria: Ana María Ruiz Girona; tesorero: Eduardo Ruiz Vegas; vocal electivo: Luis Carrasco Quiñones; Córdoba: Carmen María Castro Coto; Granada: Ana María Ruiz Bachs; Huelva: Mª Isabel González Benítez; Jaén: José Luis Rodríguez Morillas; Málaga y Melilla: Sevilla: Juan Antonio Montes Montero; Málaga: Francisco Silva González; Sevilla.
Por su parte, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, valoró la iniciativa como una medida clave para combatir la saturación de los juzgados de lo Social, donde actualmente se están señalando juicios para 2027 e incluso 2028. “Es esencial apostar por vías alternativas, como la mediación, que promuevan soluciones consensuadas y preserven las relaciones laborales”, afirmó Nieto, quien agradeció al colectivo de graduados sociales su disposición para liderar este proyecto.
La iniciativa, la primera de este tipo que se pone en marcha en nuestro país, se enmarca en la Estrategia de Mediación que está desarrollando la Consejería para fomentar vías alternativas de resolución de conflictos más ágiles y basadas en el acuerdo entre las partes y que contribuyan a aliviar la sobrecarga de trabajo de los tribunales andaluces. De hecho, desde el pasado mayo existe un Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA), público y gratuito, que según ha destacado el consejero “está permitiendo resolver en un mes delitos leves” derivados por los juzgados penales “en menos de un mes”. Una experiencia que ahora se quiere trasladar a la jurisdicción laboral. Además, ha lamentado que la situación se ve agravada por la negativa del Ministerio de Justicia a crear nuevos órganos en Andalucía en 2025 pese a la solicitud de la Junta de 56 juzgados y 15 plazas de magistrados. “Es una falta de respeto cuando a Andalucía se le dice que ninguno y se aprueba un plan de choque en el que se crean cinco juzgados en Barcelona, no me parece que sea justo que se privilegie a unos territorios castigando a otros”, ha denunciado.
Detalles del convenio
El acuerdo contempla la creación de una bolsa específica de mediadores laborales, formada por graduados sociales especializados en Derecho laboral, que podrán recibir derivaciones de casos judicializados por parte de los juzgados. Este servicio será totalmente voluntario y no sustituirá la mediación prejudicial que ya realiza el CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación).
Además, estará coordinado con los Puntos de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA), encargados de proporcionar detalles a las partes implicadas y remitir los asuntos a los mediadores designados.
Un paso más hacia una justicia más ágil
El convenio se suma a otras iniciativas promovidas por la Junta de Andalucía, como el Servicio de Mediación Penal (SEMPA), que ya ha demostrado su eficacia en la resolución de delitos leves en menos de un mes. Con este nuevo paso, la mediación laboral busca convertirse en una alternativa eficaz para conflictos como despidos o reclamaciones de cantidad, agilizando los procesos y favoreciendo el diálogo entre las partes. Los graduados sociales podrán así ejercer de mediadores en casos como despidos o reclamaciones de cantidad sin perjuicio de que las partes estén representadas por sus abogados y procuradores. Los propios juzgados podrán derivar a la mediación los casos que estimen susceptibles de alcanzar un acuerdo, aunque siempre tendrá un carácter voluntario.
